Por: Reinaldo Silva "El Acidito"|@ReinaldoAcidito
Como Abogado, son muchas las solicitudes de apoyo que nos formulan los ciudadanos afectados para recuperar sus vehículos, incluso se observa con mayor frecuencia la matraca a motorizados, donde hemos tenido clientes que han preferido dejar perder la moto en un estacionamiento, porque entre la multa, la grúa y el altísimo costo de estacionamiento, deciden dejar perderla
La pasada semana el Ministerio Público anunció la “unificación de criterios de actuación en estacionamientos judiciales”. Tal decisión se tomó ante irregularidades en estacionamientos judiciales, y por ello se decidió elaborar una nueva circular para establecer los lineamientos de actuación de los fiscales del MP, “esto ante ilegales actuaciones en este sentido, cuyos implicados serán sancionados con todo el peso de la ley”. Así lo informó el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, señalando: “La presente circular establece los lineamientos y criterios institucionales por los cuales deben regirse los fiscales del Ministerio Público”.
La circular establece que un ciudadano que haya dejado su vehículo en un estacionamiento y que manifieste que el carro se encuentra desvalijado o deteriorado, el MP deberá ordenar una inspección mecánica en la cual se compare el diseño original y la Planilla de Vehículo Registrado (PVR).
En aquellos casos en que se realicen inspecciones conjuntas con expertos vehiculares y se determine que ha sido desvalijado, se deberá proceder a realizar la aprehensión en flagrancia del responsable del estacionamiento judicial.
Asimismo, establece que cuando el MP haya hecho la entrega de un vehículo automotor a la víctima y el estacionamiento judicial se niegue a materializarla alegando que se deben cancelar las tarifas por el resguardo, se ordenará a un cuerpo de seguridad del Estado para que haga cumplir su decisión y en caso de mantenerse renuente será aprehendido en flagrancia por el delito de apropiación indebida calificada. En este punto me quiero detener un poco y solicitar a nuestro Fiscal General, se amplíe aún más estas acciones, y se revisen las altas tarifas que cobran estos estacionamientos por mantener un vehículo tan solo un día allí, más la componenda que existe con los grueros y algunos “funcionarios”, que detienen un vehículo por cualquier razón que se les ocurra, porque les queda una presunta comisión, por el monto de la grúa y el estacionamiento como tal, si es que la persona no se “baja de la mula” de una vez, para evitar esa hazaña en qué consiste retirar el vehículo de un estacionamiento judicial.
Como Abogado, son muchas las solicitudes de apoyo que nos formulan los ciudadanos afectados para recuperar sus vehículos, incluso se observa con mayor frecuencia la matraca a motorizados, donde hemos tenido clientes que han preferido dejar perder la moto en un estacionamiento, porque entre la multa, la grúa y el altísimo costo de estacionamiento, deciden dejar perderla, a pesar de llevar misivas a todas las instituciones, a ver quién puede resolver su situación o conseguir un pequeño apoyo; solo les queda implorar como al “Chapulín Colorado”: “Y ahora quién podrá defendernos”. Bueno, esperamos que este Chapulín, sea nuestro Fiscal General de la República, y realice una investigación exhaustiva en estos casos.
Volviendo a los nuevos lineamientos establecidos por el Ministerio Público, tenemos que, se establece que en aquellos casos en que se realicen inspecciones conjuntas con expertos vehiculares y se compruebe que el establecimiento se encuentra solicitado por el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se levantará un acta para iniciar las investigaciones y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
Indica el Fiscal Tarek, que “Esta circular tiene como objetivo darle al usuario y la comunidad en general, no solo la mayor credibilidad y eficiencia en el trato sino también la sanción a aquellos que desviando el camino hacen las cosas para afectar a nuestro pueblo”.
Todo nuestro apoyo a estos lineamientos fiscales y esperamos se amplíen, en lo que establecimos anteriormente, para sanear los presuntos hechos de corrupción, en los cuales se podrían ver envueltos funcionarios de distinta índole que participan en los procedimientos.
